Historias de la Historia de España Capítulo 84. Érase un 1 de febrero, una “normalidad constitucional” una Dictablanda y el fin de Alfonso XIII.

 berenguer
El gobierno del general Dámaso Berenguer fue nombrado por el rey en enero de 1930 tras la Dictadura de Primo de Rivera y al que siguió el breve gobierno del almirante Juan Bautista Aznar, entre febrero y abril de 1931, que daría paso a la proclamación de la Segunda República Española. El término “dictablanda” fue utilizado por la prensa para referirse a la indefinición del gobierno de Berenguer que ni continuó con la Dictadura anterior, ni restableció plenamente la Constitución de 1876, ni mucho menos convocó elecciones a “Cortes Constituyentes” como exigía la oposición republicana.
 Alfonso XIII nombró el 28 de enero de 1930 al general Dámaso Berenguer, jefe de su Cuarto Militar, presidente del gobierno, con el propósito de retornar a la “normalidad constitucional”. Pero esto ya no era posible si se pretendía enfocar el proceso de transición hacia un régimen liberal, simplemente mediante el restablecimiento de la situación previa al golpe de Estado de 1923, es decir, sin tener en cuenta la vinculación que había existido entre la Corona y la Dictadura de Primo de Rivera. Y ese fue el error que cometió el propio rey y su gobierno: intentar volver a la Constitución de 1876, cuando en realidad llevaba ya seis años abolida, porque desde 1923 Alfonso XIII era un rey sin Constitución, y su poder durante ese tiempo no había estado legitimado por ella, sino por el golpe de Estado que el rey aceptó. La Monarquía se había vinculado a la Dictadura y ahora pretendía sobrevivir cuando la Dictadura había caído.
 Políticos republicanos y “monárquicos sin rey”, así como numerosos juristas, denunciaron que la vuelta a la “normalidad constitucional” era imposible.
 La Dictadura de Primo de Rivera, al violar la Constitución de 1876, había abierto un proceso constituyente, afirmaba Gómez, que sólo la Nación podía cerrar con un retorno a la normalidad conducido por
 un Gobierno constituyente, unas elecciones constituyentes, presididas por un poder neutral que no fuera parte beligerante en el conflicto creado por la Dictadura, un sistema de libertad y garantías ciudadanas de plenitud constituyente y Cortes con autoridad suprema para crear la nueva legalidad común.
 El general Berenguer tuvo muchos problemas para conformar su gobierno porque los partidos dinásticos, el Partido Liberal-Fusionista y el Partido Conservador, después de seis años de Dictadura habían dejado de existir, ya que nunca fueron verdaderos partidos políticos sino redes clientelares cuyo único fin era ocupar el poder cada cierto tiempo, gracias al fraude electoral institucionalizado del sistema caciquil.
 La política que llevó adelante el gobierno Berenguer tampoco ayudó a “salvar” a la Monarquía. La lentitud con que se fueron aprobando las medidas liberalizadoras, hizo dudar de que el objetivo del gobierno fuera realmente restablecer la “normalidad constitucional”. Por eso en la prensa se comenzó a calificar al nuevo poder como “dictablanda”. Entonces algunos políticos de los partidos dinásticos se definieron como “monárquicos sin rey” (como Angel Ossorio y Gallardo) y otros se pasaron al campo republicano (Miguel Maura, hijo de Antonio Maura, y Niceto Alcalá Zamora, que fundaron el nuevo partido de la Derecha Liberal Republicana).
 A lo largo de 1930 se fueron acumulando todos los síntomas que anunciaban que no sería posible la vuelta a la situación anterior a 1923, porque la Monarquía estaba aislada. Los sectores sociales que siempre la habían apoyado, como los patronos y los empresarios, comenzaron a abandonarla porque desconfiaban de su capacidad para salir de “aquel embrollo”. Tampoco dispuso la Monarquía del apoyo de la clase media (la influencia de la Iglesia en este sector estaba reduciéndose sustituida por las ideas democráticas y socialistas), y los intelectuales y los estudiantes universitarios mostraron claramente su rechazo al rey.
 El comité revolucionario republicano-socialista, presidido por Alcalá Zamora, que celebraba sus reuniones en el Ateneo de Madrid, preparó la insurrección militar que sería arropada en la calle por una huelga general. Este recurso a la violencia y a las armas para alcanzar el poder y cambiar un régimen político lo había legitimado el propio golpe de estado que trajo la Dictadura. A mediados de diciembre de 1930 el comité hizo público un manifiesto que decía:
 ¡ESPAÑOLES! Surge de las entrañas sociales un profundo clamor popular que demanda justicia y un impulso que nos mueve a procurarla. Puestas sus esperanzas en la República, el pueblo está ya en la calle. Para servirle hemos querido tramitar la demanda por los procedimientos de la ley, y se nos ha cerrado el camino. (…) Seguros estamos de que para sumar a los nuestros sus contingentes se abrirán las puertas de los talleres y las fábricas, de los despachos, de las Universidades, hasta de los cuarteles. Venimos a derribar la fortaleza en que se ha encastillado el poder personal, a meter la Monarquía en los archivos de la Historia y a establecer la República sobre la base de la soberanía nacional representada en una Asamblea Constituyente. Entre tanto, nosotros, conscientes de nuestra misión y nuestra responsabilidad, asumimos las funciones del Poder Público con carácter de Gobierno provisional. ¡Viva España con honra! ¡Viva la República!
 Sin embargo, la huelga general no llegó a declararse y el pronunciamiento militar fracasó fundamentalmente porque los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández sublevaron la guarnición de Jaca el 12 de diciembre, tres días antes de la fecha prevista.
 El 13 de febrero de 1931 el rey Alfonso XIII ponía fin a la “dictablanda” del general Berenguer y nombraba nuevo presidente al almirante Juan Bautista Aznar, tras intentar sin éxito que aceptara el cargo el liberal Santiago Alba y el conservador “constitucionalista” Rafael Sánchez Guerra (quien se entrevistó con los miembros del “comité revolucionario” que estaban en la cárcel para pedirles que participaran en su gabinete, a lo que éstos se negaron: “Nosotros con la Monarquía nada tenemos que hacer ni que decir”, le respondió Miguel Maura). Aznar formó un gobierno de “concentración monárquica” en el que entraron viejos líderes de los partidos liberal y conservador, como el conde de Romanones, Manuel García Prieto, Gabriel Maura Gamazo, hijo de Antonio Maura, y Gabino Bugallal. El gobierno propuso un nuevo calendario electoral: se celebrarían primero elecciones municipales el 12 de abril, y después elecciones a Cortes que tendrían el carácter de Constituyentes, por lo que podrían proceder a la revisión de las facultades de los Poderes del Estado y la precisa delimitación del área de cada uno (es decir, reducir las prerrogativas de la Corona) y a una adecuada solución al problema de Cataluña.
 Todo el mundo entendió las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 como un plebiscito sobre la Monarquía, por lo que cuando se supo que las candidaturas republicano-socialistas habían ganado en 41 de las 50 capitales de provincia (era la primera vez en la historia de España que un gobierno era derrotado en unas elecciones, aunque un poco ilegal. En las zonas rurales habían ganado los monárquicos porque el viejo caciquismo seguía funcionando), el comité revolucionario hizo público un comunicado afirmando que el resultado de las elecciones había sido “desfavorable a la Monarquía [y] favorable a la República” y anunció su propósito de actuar con energía y presteza a fin de dar inmediata efectividad a [los] afanes [de esa España, mayoritaria, anhelante y juvenil] implantando la República. El martes 14 de abril se proclamó la República desde los balcones de los ayuntamientos ocupados por los nuevos concejales y el rey Alfonso XIII se vio obligado a abandonar el país. Ese mismo día el comité revolucionario se convirtió en el Primer Gobierno Provisional de la Segunda República Española.
 ¡Historias de nuestra historia de España!
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