Historias de la Historia de España; Capítulo 72. Érase un nuevo Rey, una guerra de sucesión y un “Decreto de Nueva Planta”.

Nueva planta

Disposiciones promulgadas por Felipe V de Castilla , entre 1711 y 1715, sobre nuevo gobierno de Aragón y estructuración de su Real Audiencia, las cuales son recogidas en el libro V de la Novísima Recopilación de las Leyes de España, mandada formar por Carlos IV y publicada en 1805. Estas disposiciones son consecuencia de la postura adversa a Felipe V y favorable al Archiduque de Austria , que observó Aragón juntamente con los demás territorios de la Corona, es decir, Cataluña, Valencia y Mallorca, y suponen la desaparición de la Corona de Aragón como forma política autónoma, para pasar a formar parte sus territorios, de una España unitaria y centralizada.
El primer decreto es el dado en el Buen Retiro en 29-VI-1711, complementado por real cédula de 7 de septiembre del mismo año. Supone la sustitución de la Real Audiencia de los Austrias por otra, creada a imagen y semejanza de las Chancillerías de Valladolid y de Granada, y que lleva consigo la desaparición del ordenamiento jurídico aragonés, pues dispone que se observarán literalmente las mismas regalías, leyes, prácticas, ordenanzas y costumbres que en las citadas Chancillerías, lo que quiere decir, que se observará el ordenamiento jurídico de Castilla.
La reforma aragonesa afecta al gobierno, administración de justicia, ordenamiento jurídico y administración financiera. El gobierno se militariza, poniendo al frente de él un comandante general, que centraliza la dirección militar, política, económica y gubernativa. Para la administración de justicia, la Real Audiencia de los Austrias se sustituye por una Audiencia con dos salas, una para lo civil con cuatro ministros, y otra para lo penal con cinco ministros, aparte de un fiscal común para los dos y los subalternos necesarios, dirigiéndose su actuación por un regente. Todos los componentes de la Audiencia se nombran libremente por el rey, y es principal novedad respecto a la época de los Austrias el que no tienen que ser aragoneses, lo que va acompañado de la compensación de que los aragoneses pueden ser nombrados también libremente en los demás cargos de España. El ordenamiento jurídico a aplicar por la Audiencia es el castellano en las materias penales o criminales, en tanto que se restablece el aragonés para las cuestiones civiles, salvo cuando se trata de pleitos en los que una de las partes es el rey, en cuyo caso se extiende el ordenamiento castellano. La presidencia técnica de la Audiencia la ejerce el regente, en tanto que la política corre a cargo del comandante general, y las apelaciones de las sentencias se interponen ante el Consejo de Castilla, lo que significa que la Audiencia de Aragón ha perdido el carácter de tribunal supremo que tenía con los Austrias y que, además, ha desaparecido el Consejo Supremo de Aragón .
En materia de Hacienda se crea la figura de un administrador de las rentas reales y una Junta o Tribunal del Erario, presidida por el comandante general y compuesta por ocho representantes de los estamentos, de los que el de los municipios está representado por dos ciudadanos de Zaragoza.
El antiguo reino queda dividido en distritos, al frente de cada uno de los cuales se nombra un gobernador militar, subordinado al comandante general, y a los municipios se extiende el sistema castellano de corregidores o alcaldes.
Otro real decreto de 14-IX-1711, promulgado en Madrid, añade a las dos salas de la Audiencia una tercera para lo civil, compuesta de cuatro ministros conforme a la planta de Sevilla, y una real resolución de 15 de septiembre, datada en Corella, completa el conjunto de los decretos de reforma, aclarando el último diversas dudas sobre la planta de la Audiencia, que plantea el que ésta haya sido equiparada a la de Sevilla. Se trata de nueve respuestas a otras tantas dudas, y las conclusiones son las siguientes:
a) se confirma la creación de una segunda sala de lo civil con cuatro ministros manteniendo la sala de lo criminal con cinco alcaldes;
b) la Audiencia de Aragón tiene audiencia pública y substancia los pleitos, como lo hace la de Sevilla;
c) se suprime la apelación al Consejo de Castilla, manteniendo los recursos ante el mismo en materia civil, y declarando inapelables las sentencias de la Audiencia en materia criminal, con lo que ésta retorna en cierta manera a su condición de tribunal supremo, si bien a la manera de la de Sevilla;
d) las recusaciones y las penas por recusaciones calumniosas se realizan de la misma manera que en Sevilla;
e) la manera de votar las causas se realiza también de la misma manera que en Sevilla; y en las Chancillerías;
f) se establece el mismo número de relatores que en la de Sevilla, y el procedimiento seguido en las Chancillerías;
g) los alcaldes tienen la jurisdicción que ostentan los de las Chancillerías, sin alcanzar los que tienen los alcaldes del crimen de Sevilla por privilegios especiales a la ciudad,
h) la Audiencia no puede entrometerse en el gobierno económico, conociendo sólo en casos graves de reforma y por queja de parte o a instancia del fiscal.
Con los decretos de nuevo gobierno y planta interina de la Real Audiencia, conocidos, frecuentemente, como de Nueva Planta, Aragón pierde su condición de Reino autónomo integrante de la Corona de Aragón, desapareciendo instituciones como las Cortes , el Consejo Supremo de Aragón, el virrey y capitán general, el regente, el oficio de la Gobernación general , el Justicia Mayor , el bayle general , el maestre racional , los merinos, bailes, sobrejunteros y zalmedinas o justicias, pasando a tener la condición de reino puramente histórico dentro de la España unitaria y centralizada por la Monarquía absoluta de los Borbones, que la gobiernan a través de un comandante general, una Audiencia, un administrador de las rentas reales, una Junta del Erario, gobernadores militares y corregidores o alcaldes.
El cuarto decreto que afectaba sólo a Cataluña se dictó el 9 de octubre de 1715, despachado por Real Cédula con fecha de 16 de enero de 1716.
Abolía las Cortes y el Consejo de Ciento.
Además se sustituía al virrey por un capitán general, al igual que en el resto de los reinos de la Corona de Aragón, y se dividía Cataluña en doce corregidurías, como Castilla y no en las tradicionales vegueries, no obstante los batlles se mantienen.
Se prohíben los somatenes (milicias populares armadas de Cataluña y Aragón).
Se estableció el catastro gravando propiedades urbanas y rurales y los beneficios del trabajo, el comercio y la industria.
Igualmente, el idioma oficial de la Audiencia dejó de ser el latín y se sustituyó por el castellano.
El decreto mantiene el derecho civil, penal y procesal, al igual que el Consulado del Mar y la jurisdicción que éste ejercía, y no afectó al régimen político-administrativo del Valle de Arán por lo que éste no fue incorporado a ninguno de los nuevos corregimientos en que se dividió el Principado de Cataluña.
En la cuestión lingüística, frente a la interpretación de la historiografía catalana tradicional de que los Decretos supusieron la progresiva desaparición del catalán en favor del castellano, hay que decir que los estudios que se han ocupado de esta polémica concluyen que las causas fueron distintas, ya que el siglo XVIII fue uno de los más fructíferos en cuanto a publicación de defensas de la lengua catalana, gramáticas y diccionarios, y el catalán siguió usándose tanto en la documentación notarial como en la literatura no oficial o en la educación. Además, la castellanización de la cultura venía dándose a lo largo de toda la Edad Moderna, de tal modo que muchos de los escritores catalanes del siglo XVI y XVII escribieron en castellano antes de la promulgación de los Decretos de Nueva Planta, aunque generalmente estos autores no aparecen en las historias de la literatura catalana de esta época.
Origen y desarrollo de las reformas
Al recibir los territorios de Carlos II en herencia, y tras la guerra de sucesión, Felipe de Anjou y sus consejeros, apoyados por la corte del Rey Sol, abordan la modificación del estatus jurídico y administrativo de sus territorios, para acercarlo al eficiente modelo centralista y absolutista de Luis XIV. Para desarrollar este programa político era necesario:
Unificar las formas de gobierno en todos los territorios: esto significa la desaparición de determinadas instituciones y el nacimiento de otras nuevas y la centralización del poder en las manos del monarca.
Unificar los contenidos del derecho público y privado, es decir, crear un corpus jurídico común: esto significa la abolición de la mayor parte de los fueros, regímenes jurídicos personalistas y privilegios de personas, poblaciones y territorios.
Eliminar los privilegios de extranjería: esto significa la «creación» de una sola nacionalidad jurídica española, que no distingue ya entre castellanos y aragoneses (Portugal, Flandes y Nápoles ya se han perdido; el Nuevo Mundo forma parte de la Corona de Castilla) y el ejercicio del poder compartido entre personas de todas las procedencias del Reino. Esto también supone la eliminación de fronteras y aduanas interiores, facilitando el comercio.
Reordenar e igualar los estamentos sociales en todos los territorios: esto significa la desaparición definitiva de la servidumbre en Cataluña, pero también la pérdida de derechos por las clases populares castellanas y americanas (sobre todo, los indígenas).
Crear nuevas instituciones de gobierno que respondan a esta nueva organización: esto significa el fin de la polisinodia hispánica.
El contenido de la reforma sigue, además, una serie de criterios
Asegurar el poder supremo del Rey. Para demostrarlo, por ejemplo, Felipe V otorga la “gracia” del mantenimiento de los fueros particulares vascongados y navarros.
Someter a todos sus súbditos a un mismo ordenamiento jurídico.
Mantener, hasta el límite de lo posible, las divisiones, instituciones y nombres tradicionales. De esta manera, por ejemplo, el Consejo de Indias, aunque mantenga su nombre, pasa a ser únicamente un Tribunal Supremo para los pleitos de Indias, en cuanto las Leyes de Indias entran en conflicto con el derecho común castellano, mientras que la mayoría de sus funciones anteriores pasan a ser responsabilidad de la secretaría de Estado de Indias.
Realizar los menos cambios legislativos posibles. Por eso se reforman fundamentalmente las Reales Audiencias y se adopta el Fuero Juzgo y las Siete Partidas como base, ya que el derecho castellano es el mayoritario entre los súbditos del Rey (la diferencia de población entre las dos Coronas es de 10 a 1 a favor de Castilla) y porque tiene eliminados los resabios medievales (ordenaciones feudales), porque está más unificado y tiene incorporado plenamente el Derecho Romano.
Una vez aplicada esta serie de decretos, los territorios del rey de Aragón quedan unificados jurídica y estructuralmente al de Castilla. Esto supone:
La desaparición de los antiguos reinos (salvo el de Navarra) y el nacimiento de las provincias en la Península y la generalización y la reorganización interna de los virreinatos, gobernaciones y capitanías generales en América.
También el gobierno y la hacienda del Reino quedan unificados (salvo las excepciones que Felipe V quiso mantener para vascongados, navarros y araneses).
Que el Consejo de Castilla (solo “de Castilla” en el nombre) pasa a asumir todas las tareas de gobierno (salvo en Navarra) y, con el tiempo, será origen del consejo de secretarios (de ministros). El resto de consejos ven reducida su labor a aspectos judiciales y se les quitan las atribuciones gubernativas en beneficio de las secretarías de Estado.
Oficialmente, la creación de unas nuevas Cortes españolas, siguiendo el modelo representativo de Castilla, a las que se suman como representantes minoritarios los de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca.
La aplicación de un solo derecho común para todos los súbditos, con la consiguiente anulación de usos y costumbres y de derechos particulares (siempre que entren en conflicto con la legislación común) y la unificación del derecho procesal al de uso castellano.
La aplicación de una sola lengua administrativa: el castellano. Esta medida tiene excepciones en algunas instituciones locales catalanas y valencianas (por ejemplo, el Tribunal de las Aguas de Valencia) y en la Sala de Vizcaya de la Real Chancillería de Valladolid.
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